GOBIERNO ELECTRONICO
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han revolucionado múltiples esferas de la vida de las personas de distintas formas. Varios de los impactos orgánicos más visibles se dan, sin duda, en el ámbito del gobierno, en el que la aplicación de las TIC (sobre todo Internet, pero no exclusivamente eso) ha significado la modernización de la gestión pública, la mejora en la entrega de bienes públicos y servicios a la ciudadanía, la mejora en la gobernabilidad, el estímulo al desarrollo de la industria local de TIC, pero también la oportunidad para redefinir los conceptos y formas tradicionales de participación ciudadana y democracia.
Muchas cosas se pueden decir sobre el gobierno electrónico y los nuevos roles de los gobiernos para el desarrollo digital. Sin embargo, hay que centrarse en dos aspectos: por un lado, en las posibilidades que abren las estrategias de gobierno electrónico para ampliar y fortalecer la democracia y facilitar la recuperación de la esfera pública por parte de la ciudadanía; y, por otro, en el rol del gobierno para atender las disparidades en el acceso, uso e impacto de las TIC.
La mayoría de países de América Latina han emprendido iniciativas de gobierno electrónico. Es notorio en ellas un énfasis especial en la mejora de los procesos de gestión y administración del Estado y en la calidad de servicios en línea que ofrecen. La mejora de las formas de interacción con ciudadanos y ciudadanas ocupa un segundo plano. Esto no tiene que ver con trasladar el movimiento y la participación de las personas al espacio virtual, sino que tiene que ver fundamentalmente con mejorar su capacidad para participar en el manejo del Estado y para tomar decisiones informadas sobre su propio desarrollo. En definitiva, para incrementar la participación de los ciudadanos/as en los procesos democráticos.
Los aspectos que se destacan bajo este enfoque son: acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, incremento de los canales de comunicación y diálogo directo entre ciudadanos/as y funcionarios/as públicos y congresistas, entre otros.
Ecuador ha sido testigo de cómo las TIC están transformando la participación política ciudadana. Un ejemplo de ello es el uso masivo de los teléfonos celulares y el correo electrónico que hizo la ciudadanía en abril de 2005 para autoconvocarse y organizarse para las movilizaciones que depusieron al presidente Lucio Gutiérrez. No cabe hacer en este momento un análisis de causas, consecuencias, características ni resultados de cómo la ciudadanía usó las TIC en ese entonces, pero sí conviene resaltar el rol que tuvieron esas herramientas para la articulación social.
El diseño de proyectos de gobierno electrónico basados únicamente en internet y tecnología de última generación puede ahondar las disparidades, limitar la calidad de la participación y el mejoramiento de las condiciones de vida y hacer más grande aún la distancia entre el gobierno y la población. Adicionalmente, mientras más compleja y sofisticada sea una iniciativa, más costosa será, sin que esto garantice su impacto positivo ni tenga asegurada su sustentabilidad en términos de generación de beneficios y réditos. Muchos de los recursos que se derrocharían en iniciativas de gran envergadura podrían ser usados para mejorar las condiciones de infraestructura de TIC, establecer programas de generación de capacidades, etc.
El gobierno tiene un papel fundamental en la definición de estrategias adecuadas para reducir brechas en el acceso a las TIC, ampliar la infraestructura de TIC con recursos públicos, identificar las opciones más adecuadas y viables para su situación nacional y local, e incorporar (como parte esencial de sus estrategias e iniciativas) la construcción de capacidades y destrezas para el manejo y uso efectivo de las herramientas y servicios electrónicos.
Los objetivos del gobierno electrónico son diversos en cada país. Pero deben trascender, en todos los casos, la mera eficiencia de los procesos de gobierno hacia formas que permitan cambios sociales, políticos y económicos en pro del desarrollo humano y la justicia social. No es suficiente con ofrecer servicios mejores y más eficientes, y no alcanza con reducir la carga burocrática de las instituciones públicas y apuntar a una nueva arquitectura de los procesos administrativos del Estado. Es necesario cambiar los conceptos de gobernabilidad, representación, participación y, en última instancia, transformación de la relación entre el gobierno y los ciudadanos/as, de tal manera que el Estado construya su desarrollo económico y social en un entorno de respeto a la diversidad cultural y los derechos humanos.
